En la ampliación de su indagatoria, que esta semana presentará ante el juez Casanello, el arrepentido afirma que el ex titular de la AFIP exigía esa comisión para no investigar las facturas truchas que disimulaban los otros sobornos.

Por Claudio Savoia

En la era K, la organización del robo no había dejado nada al azar, y desangraba a las arcas estatales con cada nueva obra pública.

Tras cambiar una ley, el pago a los contratistas de un "anticipo financiero" disimulaba las coimas de entre 10% y 20% del monto de la obra que de inmediato eran reintegrados a los funcionarios de Planificación Federal.

Los falsos competidores en las licitaciones amañadas recibían "entre dos y tres puntos del retorno" por los gastos en los que habían incurrido para comprar pliegos y participar; otro 4% pedía José López a los empresarios que no eran "aportantes" asiduos, para liberarles los pagos de obras hechas.

El asesor de Julio De Vido, Roberto Baratta, y el jefe de Legales de Planificación, Rafael Enrique LLorens, exigían otro 1% del valor del certificado cada uno para firmar los dictámenes, y después el titular de Dirección General de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, "logró que le asignaran también a él un puntito en esos trámites".

Pero la sangría de recursos públicos tampoco terminaba allí. En la ampliación de su indagatoria que el juez Sebastián Casanello recibirá esta semana y a la que Clarín accedió en exclusiva, el arrepentido de la causa por "la ruta del dinero K" afirma que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también participaba del festival de comisiones y retornos, supuestamente exigiendo un pago equivalente al 5% de la obra en cuestión.

En el escrito en el que detalla cómo se descomponía el sobreprecio en las obras públicas que la Cámara Federal porteña le ordenó investigar a Casanello, Fariña explica en qué momento irrumpía el jefe de los recaudadores, tras el cobro por parte de los contratistas del anticipo financiero y su inmediata devolución a los funcionarios en concepto de coimas.

"Como para justificar el egreso de tamañas cifras las firmas debían emitir montañas de facturas truchas, usualmente solicitaban al receptor de ese dinero protección frente a Echegaray, puesto que de no hacerlo, y enterado el titular de la AFIP de un pago y que lo habían dejado afuera del negocio, mandaba a un ejército de inspectores a allanar al contratista emisor de esas facturas, quienes de no llegar a un 'arreglo' debían enfrentar causas en lo penal tributario."

El "imputado colaborador" en la causa, que desde el 8 de abril está bajo custodia del ministerio de Justicia como testigo protegido, asegura que "Echegaray presionaba a todos los empresarios -incluidos los provenientes de Santa Cruz-, agravándose esta situación luego de la muerte de Néstor Kirchner."

¿En qué consistía esa presión? El testimonio de Fariña lo explicita en dos ocasiones. Primero cita un caso en el que "luego del pago de un retorno, a una importante constructora que debió utilizar facturas apócrifas para poder 'sacar' el adelanto financiero, Echegaray le realizó una inspección, teniendo que arreglar la empresa por el 5% del valor de la obra". Y unos párrafos más adelante en su escrito de treinta y ocho fojas, lo repite: "las empresas debían abonar bajo coerción aproximadamente el 5% de la operación".

El ex titular de la AFIP y fallido presidente de la Auditoría General de la Nación, suspendido en ese cargo tras haber sido procesado por violación de secretos y falso testimonio, ya fue indagado en mayo por el juez Casanello en el marco de esta causa, pues está acusado de haber protegido a Lázaro Báez en el masivo uso de facturas truchas para justificar los sobreprecios que habría cobrado en varios contratos con el Estado.

En esa oportunidad, Echegaray -quien también está bajo la lupa judicial en el caso Ciccone por haber otorgado al fondo The Old Fund de Amado Boudou un increíble plan de pagos para levantar la quiebra de la imprenta- presentó un escrito y no respondió preguntas. Tal vez ahora quieran formularle alguna otra.

- Fuente: Clarín.com -