La Comisión Bicameral determinó que ese día los postulantes afronten una evaluación escrita. De los 32 aspirantes inscriptos, cuatro ya fueron descartados porque no representan “un modelo de ciudadano”. Al parecer, tienen deudas con Rentas.

La Comisión Bicameral (compuesta por cinco senadores e igual número de diputados), determinó que el próximo 17 de marzo, a las 18 horas, los candidatos a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes, rindan el examen escrito.

En esta instancia, los aspirantes deberán resolver un hipotético caso conflictivo, en el que deberán describir los procedimientos que realizarían para lograr una solución beneficiosa para los representados.

El que saque menos de 60 puntos, sobre 100, quedará eliminado automáticamente. Los que logren pasar esta etapa deberán enfrentar un coloquio oral, en el que los diez legisladores de la Comisión evaluarán los antecedentes, las oposiciones y, fundamentalmente, el perfil y la idoneidad de cada uno de los postulantes.

Luego de estas dos instancias, la Comisión Bicameral acordará y propondrá “un solo nombre” a la Cámara de Diputados y Senadores, que deberá prestarle acuerdo con dos tercios de sus integrantes.

“Estimo que dentro de un mes estaríamos en condiciones de elevar la propuesta del candidato para que los senadores y diputados la aprueben o la rechacen”, comentó la diputada María Inés Fagetti de Mansutti, integrante de la comisión evaluadora.

El pasado 22 de febrero finalizó el plazo de inscripción de candidatos a ocupar el cargo, y se anotaron 32 personas. Pero luego de varias revisiones de los curriculum vitae, al evaluar las cuestiones de la admisibilidad e incompatibilidad; cuatro de ellos ya habrían sido descartados.

Al parecer estos candidatos “tenían deudas impagas y otros son considerados morosos incobrables por el fisco”, dijo a “época” una fuente legislativa.

Los descartados -cuyas identidades se mantienen en reservas por ahora- no cumplieron con uno de los requisitos determinantes, que es “no poseer deudas en Rentas”. Una de las exigencias es, cuando menos, ser “un ciudadano modelo”.

Entre los requisitos formales también está la de “tener más de 30 años, ser correntino nativo o tener una residencia mayor a cinco años” y es “incompatible con la función de ministro del Superior Tribunal de Justicia”.

La figura fue creada por la reforma constitucional de 2007.
En el Capítulo X, e indica que durará “en la función cinco años y puede ser designado en forma consecutiva por una sola vez”. Entre sus funciones está “la promoción y protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses de incidencia colectiva y difusos, tutelados por el ordenamiento jurídico, ante hechos, actos u omisiones de todo poder, ente y órgano público; el control del ejercicio de toda función administrativa, sin que resulte menester que medie afectación de derechos, y la supervisión de la eficacia en la prestación de los servicios públicos”.


Fuente: época -