El gobierno de Cristina Kirchner decidió rodear a Amado Boudou y darle un fuerte respaldo político cuando el vicepresidente comenzó a deslizar sus lamentos en conversaciones entre funcionarios y legisladores, que llegaron a oídos de la Presidenta.

Por Mariano Obarrio | LA NACION

"Boudou considera que está pagando un gran costo político y está angustiado porque asegura que lo que hizo fue por pedido de Néstor Kirchner y participación de otros funcionarios", confiaron a LA NACION fuentes del Gobierno.

La mandataria evitará su aislamiento definitivo. No le pedirá que renuncie ni que se tome licencia. Para disipar fantasmas de acusaciones, mientras dure su mandato, le dará protección a Boudou para que no corra riesgos de ser detenido en la causa Ciccone, en la que se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública.

Además, una eventual caída judicial del vicepresidente sería considerada una crisis institucional de gravísimo impacto político.

Sin embargo, Cristina tiene la casi certeza de que tarde o temprano el juez federal Ariel Lijo procesará a Boudou, luego de que anteayer lo citó a declarar como indagado el 15 de julio próximo para que explique el traspaso irregular de la imprenta a manos amigas, con el fin de imprimir billetes y hacer negocios con el Estado.

Pero quiere acotar la crisis. "Si Boudou habla, puede involucrar a todo el Gobierno", confió a LA NACION otro funcionario. Las sutiles advertencias de Boudou preocupan más de lo que se admite.

"Es más caro dejarlo caer que sostenerlo. Sería mucho el costo político de soltarle la mano. El caso pega muy cerca de los Kirchner", añadió otra fuente oficial.

La estrategia es ahora dilatar los tiempos en la Justicia.

Boudou quedó fuera del circuito de toma de decisiones de gobierno; Cristina y los principales funcionarios lo marginaron, y los operadores kirchneristas en el Poder Judicial, como el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, ya no pueden defenderlo. Pero si bien no pueden mejorar su situación, tampoco promoverán su caída.

El Gobierno tiene senadores suficiente para evitar un juicio político al vicepresidente y Boudou advirtió que no renunciará. Ergo, consideran improbable que quede detenido aunque lo pidiera el juez.

"Es cierto que la estrategia de Kirchner era recuperar Ciccone para sacar del negocio a la imprenta Boldt, que quería comprar Ciccone e imprimir billetes. Boldt era del duhaldismo.

Pero Néstor falleció y ahora se le cuestiona a Boudou por qué hizo tan mal las cosas después", aseguró un funcionario del primer piso de la Casa Rosada.

Más allá de sus veladas insinuaciones de hablar, la mayoría de los funcionarios considera que, a menos que esté realmente acorralado, el vicepresidente "no podría señalar a otros miembros del Gobierno, ni a Néstor ni a Cristina, porque se incriminaría él mismo".

Sin embargo, en la Casa Rosada nunca perdieron de vista que cuando el juez federal Daniel Rafecas allanó uno de sus departamentos en Puerto Madero y encontró pruebas que lo complicaban, Boudou sospechó que un sector del Gobierno le soltaba la mano y, acorralado, denunció por tráfico de influencias a Rafecas y al entonces procurador general de la Nacion Esteban Righi, ambos vinculados al ala progresista que lidera Zannini.

Sus denuncias fueron luego desestimadas por la Justicia. Pero demostró que estaba dispuesto a acusar a propios amigos del Gobierno: en aquella recordada declaración a la prensa en el Senado en abril de 2012, sin permitir preguntas, Boudou ventiló supuestas gestiones indebidas por las que Rafecas debió dejar la causa y Righi renunció.

Por otro lado, en la Casa Rosada recuerdan y admiten que es cierto que las primeras gestiones para rescatar a Ciccone Calcográfica fueron ordenadas por Kirchner. A principios de 2010, Ciccone no le podía cobrar contratos al Gobierno y tenía deudas con la AFIP.

Ante ese ahogo, sus dueños buscaron hablar con Kirchner, que les envió a dos operadores de su confianza: su ex chofer Rudy Ulloa Igor y el entonces diputado y actual embajador en Uruguay, Dante Dovena.

Luego de ello, Kirchner delegó otra negociación en Boudou para que rescatara la imprenta, le ofreciera imprimir billetes y desplazara a Boldt, que la quería comprar.

El proceso de compra de Ciccone por un fondo vinculado a Boudou comenzó con Kirchner. Pero éste murió el 27 de octubre de 2010. La historia posterior es conocida.

FREILER NO SE SORPRENDIÓ CON LA INDAGATORIA

El juez Eduardo Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara Federal, sostuvo ayer que el llamado a indagatoria del juez federal Ariel Lijo al vicepresidente Amado Boudou "no sorprende", porque está "dentro de las facultades" del magistrado que lleva adelante la investigación.

A su vez, el camarista, que debe resolver la validez de los testimonios de integrantes de la familia Ciccone que complican a Boudou, calificó como "insólito" el rumor sobre un supuesto apartamiento de Lijo. "Realmente esto es asombroso.

Tratar de instalar un rumor y de presionar es insólito", dijo el funcionario sobre la denuncia de las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich.