De la Sota otorgó un alza salarial que puso fin a la protesta de la fuerza de seguridad, después de una noche de violencia; hubo más de 200 heridos, 11 de ellos, graves; el Gobierno no envió a la Gendarmería.

Por Daniel Gallo | LA NACION

Varios supermercados quedaron destruidos.
Foto: Javier Ferreyra vía Twitter

CÓRDOBA (De un enviado especial).- Una persona murió en esta ciudad durante una noche de terror en la que más de 1000 comercios fueron asaltados.

Once heridos están internados en grave estado y otras 200 personas, por lo menos, fueron atendidas en los hospitales locales por enfrentamientos con armas, palos y piedras entre turbas de delincuentes y vecinos abandonados a su suerte por la huelga policial.

Luego de varias horas en las que la anarquía ganó las calles de la ciudad, la policía volvió a la actividad a partir de la firma de un convenio con el gobierno provincial, que aumentó de 6000 a 8000 pesos la remuneración básica de los efectivos de calle.

El acuerdo llegó luego de una tirante mañana en la que, desde el gobierno nacional y por medio del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le hicieron saber al gobernador José Manuel de la Sota que la situación era un problema "exclusivo y excluyente de la provincia".

Los policías se habían autoacuartelado anteayer en procura de una mejora salarial. Las negociaciones sólo se destrabaron cuando la luz del día puso en evidencia la destrucción de amplias zonas de la capital provincial.

El temor a réplicas en otros puntos del país creció al conocerse que en Glew, en el partido bonaerense de Almirante Brown, un comerciante chino había muerto en su supermercado al resistirse a un saqueo. Encerrado dentro del local murió golpeado y asfixiado por el humo de un incendio provocado por los saqueadores.

En Córdoba, con la policía negándose a prestar servicio se esperaba el auxilio federal. Pero el gobierno de Cristina Kirchner esperó hasta último momento para anunciar el envío de la Gendarmería -finalmente no se concretó-, pese a que era pública la gravedad de la situación que se vivía en las calles.

Sin protección por parte del Estado, los vecinos se organizaron en autodefensas armadas para proteger los locales y hogares. Varias viviendas también fueron saqueadas.

De la Sota había regresado de urgencia anteanoche desde Panamá, donde se encontraba en escala de un viaje oficial a Colombia. En sus primeras declaraciones públicas, pasadas las 2 de ayer, el mandatario reclamó el envió de la Gendarmería y afirmó que no negociaría con los policías rebeldes.

En ese momento estallaron los peores disturbios en la ciudad, con millonarias pérdidas económicas, cierre de bancos, escuelas y estaciones de servicio y suspensión total del servicio de transporte público.

"En Córdoba no hubo estallido social, operaron bandas de delincuentes organizadas que aprovecharon la protesta social", dijo De la Sota minutos antes del mediodía y en el momento de dar a conocer el acuerdo con los policías.

De a poco, los uniformados volvieron a las calles y se ocuparon de contener nuevos saqueos, robos organizados que repitieron por la tarde, aunque en menor escala.

Las zonas de la ruta 20, el bulevar De los Granaderos y la avenida Donato Álvarez fueron focos de los mayores incidentes.

Grupos numerosos de personas penetraron en comercios de grandes cadenas y en tiendas minoristas, sin importar el rubro del local. No hubo robos importantes de alimentos, sino que se buscó como blanco principal a los electrodomésticos. En muchos casos se intentó incendiar el comercio.

En medio del caos llegó la noticia de una muerte. Un joven de 20 años que según testigos escapaba en moto tras un saqueo recibió un tiro en el tórax. Murió en el hospital San Roque, hacia donde fue trasladado desde la barriada de Ciudad Evita.

"Se llevaron todo, desde la mercadería hasta los sanitarios, apliques y aires acondicionados instalados. Más de cuatro horas estuvieron dentro de nuestra sucursal sobre Donato Álvarez", explicaron en la empresa Ribeiro, que comercializa artículos de electrónica y del hogar.

Ese local estará inactivo durante tres meses y se reubicará al personal. En los alrededores, los vecinos combatían frente a frente con los saqueadores.

Mientras el gobierno provincial y las autoridades nacionales discutían sobre las responsabilidades de cada administración en la seguridad pública, los cordobeses se armaron y prepararon barricadas en casi todos los barrios. Miles de vecinos no durmieron para defender sus pertenencias.

Al regresar al país, y con una situación ya desbordada, De la Sota manifestó que los funcionarios nacionales no atendían el teléfono en sus reclamos para el envío de Gendarmería.

Usó incluso la red social Twitter para dirigir un mensaje a la presidenta Cristina Kirchner, entusiasta usuaria de ese sistema de comunicación.

"Reiteramos pedido. Urgente envío de gendarmes a Córdoba. Saqueos en la ciudad justifican urgente respuesta", escribió el gobernador pasadas a las 4.54.

El jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, contestó públicamente a las 8.30: "Quiero transmitir claramente que de acuerdo con la Constitución existe autonomía de las provincias para el desenvolvimiento de la seguridad pública. Es una cuestión salarial y compete en forma exclusiva y excluyente a la provincia".

La agonía de la ciudad de Córdoba empezaba a ser relatada entonces en directo por los medios nacionales. Y cambió el discurso oficial.

"Me parece un papelón lo que está haciendo el gobernador. Me parece una payasada pedir auxilio vía Twitter a la madrugada. A las 8 nos llegó un fax de la provincia y la Gendarmería se alistó", dijo el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni.

También aseguró -en contradicción con lo que había afirmado Capitanich- que 2000 gendarmes estarían disponibles para operar en Córdoba por la noche.

El envío, finalmente, se suspendió cuando se supo del acuerdo entre el gobierno de Córdoba y los policías, merced a la mediación de un obispo y un rabino con las esposas de los uniformados.

En esos momentos, el diálogo entre el gobierno provincial y el nacionales era aún menor, puesto que De la Sota estaba a punto de aceptar la contrapropuesta policial de fijar un básico de 8000 pesos a cambio de dar inmediata seguridad pública.

Otra vez mediante la red social Twitter dio respuesta irónica al Gobierno: "Agradecemos el anuncio de enviar 2000 gendarmes. Hacían falta anoche. Hoy el conflicto está resuelto".

La base permanente del destacamento móvil III de la Gendarmería se encuentra a sólo 40 minutos de la ciudad asolada por saqueadores .

El móvil II tiene base en Rosario, a menos de dos horas por autopista.

El conurbano cuenta con los móviles I y VI, por lo que, incluso con el refuerzo de seguridad asignado en octubre pasado, la vigilancia en Buenos Aires no debería contar al mismo tiempo con los destacamentos móviles de Jesús María y Rosario. Se contaba con fuerzas a mano.

A la pelea política entre De la Sota y Cristina Kirchner se agregó, en este caso, un puritanismo legal no observado en casos anteriores de movimientos de gendarmes.

El artículo 24 de la ley de seguridad interior especifica que las fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria- sólo pueden actuar en tareas de control social o de delitos en una provincia con previo pedido por parte del gobernador.

En eso se apoyó la Casa Rosada para desatenderse del pánico de cientos de miles de cordobeses. Pero ese artículo también determina que las fuerzas federales pueden ser utilizadas en esos casos por orden de la justicia federal.

El juez federal de Córdoba no pidió las tropas que estaba habilitado por ley para solicitar ante la evidencia de una conmoción social.

Con la inacción de una policía que hace pocos meses fue descabezada por un narcoescándalo y en medio de la trifulca política entre la provincia y el kirchnerismo, los cordobeses quedaron encerrados en sus casas o en lucha por sus propiedades. Cientos perdieron todo.