La acción judicial parece centrarse ahora en Litoral Gas. Luego de las declaraciones de carácter “informativo” tomadas a sus directivos, el juez Juan Carlos Curto, a cargo de la investigación del siniestro de calle Salta, encabezó este martes un nuevo allanamiento a la sede rosarina de esa empresa. Además, habría nuevas citaciones a personal técnico.

13/08/2013
Foto: Juane Basso

Los esfuerzos de la Justicia para dilucidar las responsabilidades por la explosión del edificio que cobró la vida de 21 personas, se concentran ahora en indagar las actuaciones de la concesionaria del servicio de gas relativas a los controles e inspecciones del sistema que opera.

El de este martes es el segundo allanamiento realizado en las oficinas que Litoral Gas tiene en Rosario desde que se desatara la tragedia.

El jueves último declararon tres inspectores de la compañía y al día siguiente, tres altos directivos. Sobre lo dicho por estos últimos se guarda un riguroso hermetismo, sin embargo, algo de la información brindada por los técnicos sí trascendió.

El fiscal de la Cámara Penal de Rosario, Guillermo Camporini, confirmó entonces la declaración de uno de los inspectores de la firma que estuvo en el edificio de calle Salta y que constató una pérdida de gas el pasado 25 de julio, 12 días antes de la tragedia.

Según ratificó Camporini, ese día el inspector confirmó la fuga y cortó el fluido, por lo que un gasista y un plomero trabajaron sobre el desperfecto durante dos días.

La fiscal de la causa, Graciela Argüelles, contó a la prensa que tanto el gasista como el plomero “explicaron que las piezas eran antiguas y que como no consiguieron repuestos, las hicieron manuales, caseras”.

“Lo pegamos bien y lo pintamos”, le dijeron a la fiscal, quien añadió que esa reparación fue aprobada por el inspector de Litoral Gas que rehabilitó el servicio el 27 de julio.

Al tener este dato, Argüelles le cuestionó al empleado de la empresa de gas que si no se había fijado si estaba bien hecho el arreglo. A esto, el inspector contestó: “Esa no era mi función. Mi función era ver si había escape de gas. Como no había, ya estaba bien”.

Los vecinos denunciaron posteriormente más pérdidas de gas. Esto obligó a otra verificación el 2 de agosto. En la planilla de Litoral Gas, que no está firmada por ningún propietario, consta que no hay problemas, según consignó el diario Clarín en su edición del sábado.

Sin embargo, el lunes anterior a la tragedia se avisó a los vecinos que debían cerrar las llaves de paso porque, ante la falta de presión, cambiarían el regulador.

En procura de revisar las operaciones previas a la tragedia, personal de Gendarmería que participó del operativo de este martes ordenado por el juez Curto, se llevó de las instalaciones de Litoral Gas parte de su sistema informático.

Uno de los argumentos que podría comprometer a la prestadora del servicio es la falta de mantenimiento de la red.

Este punto fue denunciado por el propio vicegobernador de la provincia, Jorge Henn una semana antes de la tragedia, al respaldar el proyecto para erigir una empresa estatal de gas.

“Hoy tenemos serios problemas en grandes ciudades con la alimentación de redes internas urbanas, que traen aparejadas serias complicaciones para los usuarios por la desinversión sistemática de la empresa. Debemos hablar del fracaso del sistema”, dijo el vicegobernador en esa ocasión.

Henn recordó además el argumento blandido por los impulsores de la privatización del servicio, allá por los ’90: “Se decía que la creación de condiciones suficientes para el desarrollo de una economía de mercado iba a traer aparejado calidad, eficiencia y progreso. Eso no ocurrió, no hubo inversiones, ni de mantenimiento”.

- Fuente: Redacciòn Rosario -