Se realizaron varios allanamientos en el límite entre ambas provincias para dar con el paradero de los ex militares Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Los investigadores creen que intentarían dirigirse hacia Paraguay o Brasil.

La justicia federal realizó varios allanamientos en el límite entre Misiones y Corrientes para dar con el paradero de los ex represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se encuentran prófugos, confirmaron hoy fuentes judiciales.

Los investigadores creen que los ex militares intentarían dirigirse hacia Paraguay, tras cruzar la frontera por pasos no habilitados de Misiones o Corrientes, provincias que comparten fronteras con aquel país a fin de eludir a la justicia argentina.

En ese marco, las fuentes dijeron que ayer arribó Posadas una comitiva compuesta por funcionarios de la justicia y efectivos de fuerzas de seguridad federales, quienes realizaron al menos cinco inspecciones en busca de los ex militares.

Los operativos se concretaron en una estancia ubicada en territorio de Corrientes, a 30 kilómetros de Posadas donde, además, fueron requisados un comercio de venta de repuestos y una vivienda de la zona céntrica.

De acuerdo con allegados a la investigación, también se concretaron otros dos allanamientos, ambos en Posadas, pero no se dieron a conocer otros detalles a fin de preservar otras medidas que se adoptarían hoy.

Los informantes señalaron que al menos Olivera, que ostentaba el grado de mayor del Ejército, habría sido detectado en la casa de campo conocida como "La Susanita", en territorio de Corrientes, pero se desconocía si estaba acompañado por De Marchi.

Los dos ex militares cumplían cadena perpetua y 25 años de prisión y están prófugos desde hace una semana, cuando escaparon del hospital "Cosme Argerich", adonde habían sido trasladados por razones de salud.

Olivera y De Marchi fueron condenados recientemente en la provincia de San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, se escaparon el pasado 25 de julio del mencionado nosocomio.

A raíz de la fuga, la Justicia investiga a penitenciarios, personal médico y funcionarios judiciales que intervinieron en el procedimiento, por sospechas de haber prestado colaboración con los ex militares, por quienes se fijó una recompensa de 4 millones de pesos por datos para dar con su paradero.