El titular de la AFIP aclaró recientemente que el gobierno no tiene pensado realizar ningún cambio en el Régimen Simplificado. Y aseguró “en el Monotributo, es donde encontramos la mayor cantidad de enanismo y hasta de fraude fiscal”.

Lo cierto es que, cada vez más, son miles los pequeños contribuyentes que se ven forzados a salir del régimen. O mantenerse en él en forma ilegal. Esto es así debido a que, en la actualidad, es muy fácil sobrepasar alguno de los parámetros máximos que establece la normativa vigente (como los ingresos brutos o alquileres abonados) ya que los mismos se encuentran desactualizados.

La última actualización completa de parámetros data de fines del 2009. En aquella oportunidad se fijaron como máximos de facturación anual $200.000 para locaciones de servicios y $300.000 para el resto de las actividades.

En este último caso (la categoría “L” -para venta de productos-) que tienen un tope de facturación de $300.000 al año, se incluye la obligación de poseer tres empleados como requisito de permanencia. El sueldo mínimo de convenio de los empleados de comercio, es de aproximadamente $6.050.

Siendo entonces que, por tres empleados, el costo anual rondaría los $235.950. Si a este valor se le incluye el pago de la cuota del régimen simplificado ($35.484 anual), llegamos a un total de $271.434 al año. Estos gastos representarían un 90% de los ingresos máximos de facturación permitida. Un absurdo.

Pero esta situación no es exclusiva de quienes venden productos. También los que prestan servicios se ven claramente afectados por la falta de actualización de los parámetros que delimitan el régimen. Por ejemplo, un profesional que en 2010 facturaba $9.900 por mes, se encuadraba en la categoría “G”.

Pero por el solo hecho de ajustar su tarifa al ritmo del 20% anual desde aquel momento, en 2013 debería abandonar el Régimen Simplificado, dado que su facturación mensual rondaría los $17.000 y el máximo permitido es de $16.667.

El problema que vive, hoy, un monotributista no difiere del que vive el resto de los contribuyentes: Desactualización de montos de exención, escalas de liquidación de impuestos, límites al cómputos de créditos fiscales, deducciones de gastos y otro tipo de conceptos que no se ajustan automáticamente, sino, según el discrecional criterio del gobierno.

En el caso del régimen simplificado, la falta de actualización de parámetros llevará a la paulatina extinción del sistema. Pero no por una vía clara y explícita, sino por otra más sinuosa: el simple trascurrir del tiempo sin las actualizaciones que corresponden al inegable proceso inflacionario.