Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y ahora tiene 70 años, deberá estar preso hasta febrero de 2032, por delitos de lesa humanidad.

La Corte Suprema de Justicia de Perú ratificó el fallo de primera instancia que el año pasado había condenado al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en dos masacres perpetradas por un grupo militar durante su mandato, se informó hoy oficialmente.

La resolución del máximo tribunal fue publicada hoy en su sitio de internet, después de que sus jueces deliberaran durante el fin de semana largo debido a una discrepancia en la calificación de los secuestros, lo que impidió que su fallo se conociera el 31 de diciembre, como estaba previsto, según consignó la agencia noticiosa DPA.

Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y ahora tiene 70 años, deberá estar preso hasta febrero de 2032, aunque a partir de 2025 podrá pedir beneficios penitenciarios. En cambio, no podrá ser alcanzado por indultos o amnistía, ya que fue condenado por delitos de lesa humanidad.

La Primera Sala Penal de la Corte Suprema ratificó el fallo del tribunal de primera instancia que en abril pasado había condenado al ex presidente.

La decisión de los cinco jueces presididos por Duberlí Rodríguez fue unánime en el caso de los 25 homicidios y por mayoría en el de los dos secuestros, pues una minoría opinó que eran simples y no agravados.

El fallo confirmado hoy halló a Fujimori culpable de los homicidios de 15 personas que participaban de una fiesta en el centro de Lima, en 1991, y de los de un profesor y nueve alumnos de una universidad estatal, en 1992, así como del secuestro de un periodista y un empresario, también en 1992.

Las dos masacres fueron cometidas por el llamado Grupo Colina, una organización de militares que, según estableció el tribunal, obraba con consentimiento de Fujimori en el contexto de una “guerra sucia” contra la guerrilla ultraizquierdista.

Fujimori, que durante años eludió a la justicia peruana permaneciendo en Japón, está preso en un cuartel policial de Lima desde 2007, cuando fue extraditado por Chile.

El ex presidente está sentenciado además a otras penas menores por corrupción que, sin embargo, no tendrán efecto práctico, pues en Perú las condenas no son acumulativas y sólo se paga la mayor.