Prisión para siete sospechosos
El jefe de los bancarios está acusado de liderar una asociación ilícita.

El jefe de los bancarios, Juan José Zanola, y su pareja, Paula Aballay, tuvieron ayer un duro despertar. A las 6.40 fueron detenidos por la policía cuando salían de un departamento en la avenida Quintana 54, en Recoleta. Su chofer, que los esperaba con un Peugeot del sindicato listo para arrancar, se quedó sin pasajeros.

Zanola no protestó. Sólo pidió explicaciones porque entendía que gozaba de una eximición de prisión. No sabía que el juez federal Norberto Oyarbide le había revocado ese beneficio ante las pruebas que reunió en los últimos tres meses y que llevaron a considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos apócrifos.

Se sospecha, asimismo, de maniobras fraudulentas con droguerías para cobrar tratamientos de cáncer a personas que ya habían muerto o que nunca estuvieron enfermas. También quedó detenida Susana Fionna, del área administrativa del Policlínico Bancario, que comandaba Aballay.

El juez Oyarbide reunió además evidencias para encarcelar ayer a la otra cabeza de la supuesta asociación ilícita: el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y a sus socios Sergio Blanco y Carlos Torres. También fue detenida María Victoria Berisso, colaboradora de ellos.

El ex subsecretario de Salud bonaerense Alberto Costa, segundo del ministro Claudio Zin, está prófugo en la causa porque la policía no lo encontró en su casa de la calle 3 al 1200, en La Plata, por lo que Oyarbide ordenó su captura nacional e internacional.

Sus abogados pidieron que sea eximido de prisión, para declarar sin quedar preso y Oyarbide aún debe resolverlo. En tanto, todos los detenidos serán indagados mañana por el juez, que los considera jefes y organizadores de una asociación ilícita con diversos grados de participación. Los investiga por el delito de fabricación y comercialización de remedios adulterados.

La causa por la mafia de los medicamentos comenzó a investigarse en 2007, pero la pesquisa se aceleró en los últimos tres meses, cuando el juez allanó las propiedades de Zanola y el Policlínico Bancario, donde encontró oficinas de la droguería San Javier, que proveía de remedios a la obra social y su clínica. En ese momento el juez detuvo a Lorenzo, que ya había sido denunciado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta investigación.

La situación adquirió un cariz político cuando se conoció que en poder de Lorenzo se decomisaron recibos por casi $ 1.000.000 de aportes a la campaña electoral de 2007, que depositó a Cristina Kirchner en la Presidencia de la Nación.

Entre los aportantes de la campaña estaba Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, asesinado cuando se dedicó a vender efedrina a una banda de narcos mexicanos. Sus empresas aparecen vinculadas con la venta de remedios a Lorenzo.

El juez Oyarbide investiga diversas maniobras: la venta y suministro de remedios apócrifos, la manera en que se constituyó un fideicomiso para enfrentar las deudas que tenía la obra social bancaria con sus acreedores.

Ese fideicomiso, donde aparece como garante el Banco Provincia, terminó beneficiando a Lorenzo, pues el dinero que ingresaba en la obra social estaba destinado a pagar la deuda con la droguería.

Los pagos se realizaban a través del banco oficial. Ocaña, cuando era funcionaria, se opuso a la constitución de ese fideicomiso, que luego se estableció con el aval de un juez.

Además, el juez investiga el pago de costosos tratamientos realizados por medio del Ministerio de Salud. El sistema funcionaba a través de un fondo constituido por la obras sociales para financiar tratamientos largos o muy caros.

Los gremios presentaban ante la Superintendencia de Seguros de Salud los expedientes con las historias clínicas y los troqueles de los medicamentos suministrados y cobraban el reintegro.

La policía secuestró 3500 de estas carpetas y comprobó en algunas de ellas pagos injustificados por hasta 50.000 pesos, pues se estableció que los troqueles eran apócrifos o los enfermos, inexistentes.

En el caso de Costa, son las escuchas telefónicas las que complican la situación del ex funcionario bonaerense, quien habría sido grabado en conversaciones que sugieren el pago de coimas en la compra de medicamentos para el estado bonaerense y la supuesta digitación de licitaciones.

Oyarbide ya adelantó que estas son las primeras detenciones, en una causa donde hay al menos medio centenar de obras sociales sindicales investigadas.

Fuente: Hernán Cappiello