Se trata de María Marcela Yarce, fundadora y directora de Relaciones Públicas de la revista "Contralínea" y Rocío González Trápaga, exreportera de la poderosa cadena Televisa. Los cadáveres aparecieron ayer abandonados en la zona de Iztapalapa, dentro del Distrito Federal.

Las mujeres, que eran amigas y se habían encontrado ayer para tomar un café, fueron asfixiadas y sus cadáveres fueron encontrados completamente desnudos, según indicó la Procuraduría General de Justicia.

Las primeras pesquisas indicaron que González Trápaga era dueña de una casa de cambio en el aeropuerto y ayer realizó un retiro de una fuerte suma de dinero, por lo que se presume que el móvil puede haber sido un asalto.

La propia revista Contralínea confirmó la muerte de su colaboradora. El procurador Miguel Angel Mancera ordenó que la investigación la realice la Fiscalía Especializada para la Investigación de Homicidios.

La revista Contralínea es una publicación independiente que se ha destacado por sus reportajes sobre casos de corrupción gubernamental y de empresas privadas.

En abril de 2010, dos periodistas de esta empresa -David Cilia y Erika Ramírez- fueron emboscadas por hombres armados contra una caravana humanitaria que se dirigía a la localidad de San Juan Copala, en el sureño estado de Oaxaca, donde murieron dos activistas -una finlandesa y una mexicana- y otros dos resultaron heridos.

Después de 48 horas, los reporteros que acompañaban a esta misión humanitaria fueron localizados sanos y salvos.

A consecuencia de la publicación en 2007 de un reportaje donde denunciaron anomalías en contratos millonarios adjudicados por una empresa llamada Oceanografía que arrendaba barcos a la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (PEMEX), el director de la revista Miguel Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez fueron demandados por "daño moral".

Asimismo, un juez ordenó investigar las finanzas de ambos periodistas, pues Oceanografía está vinculada a la esposa del expresidente Vicente Fox, el hermano de ésta y sus hijos.

Organizaciones de periodistas condenaron el "acoso judicial" y las "agresiones" contra los profesionales y dijeron que estas acciones "vulneran el derecho de la sociedad a estar informada". La Fundación para la Libertad de Expresión calculó en 83 la cifra de periodistas asesinados en México desde el 2000 a la fecha.