Las ocupaciones de tierras que se multiplicaron la semana pasada en Jujuy, donde tras un desalojo murieron 4 personas (1 era policía), van desplazándose rápidamente hacia otras provincias de la región. 250 familias tomaron terrenos en Tucumán.

250 familias tomaron terrenos en Tucumán y fueron expulsadas por las fuerzas policiales: en los enfrentamientos hubo heridos y detenidos.

Según el acta policial, los ocupantes dijeron responder a la diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba, y a las legisladoras cercanas al gobernador José Alperovich, Carolina Vargas Aignasse y Mirta Gutiérrez.

Precisamente, el gobernador, José Alperovich, culpó a dirigentes barriales. "En época electoral, los punteros aprovechan. En los próximos días expropiaremos (un terreno) para la gente, pero no se aprovechen; a nadie le gustaría que le ocupen su casa", advirtió.

“Los punteros aprovechan las oportunidades para quedar bien, pero están haciendo daño”, se quejó Alperovich.

Sin embargo, Alperovich no brindó plazos.

Ocurrió en Villa 9 de Julio: algunas familias usurpaban desde hacía 25 días un predio de casi 7 hectáreas. Con los plazos y una prórroga de 5 días cumplida, la Justicia ordenó la restitución del inmueble al denunciante, Ramón Gálvez.

En caso de ser necesario, debía utilizarse la fuerza pública. Y eso sucedió después de 4 horas de infructuosas negociaciones.

El grupo de apropiadores tenía hasta las 12:30 para abandonar el lugar, luego del pedido concreto de Mario Agüero Gamboa, empleado de la Fiscalía I, a cargo de las actuaciones, ordenadas por la jueza Nora Wexler y bajo requerimiento del fiscal Guillermo Herrera.

Pero minutos más tarde, un grupo de uniformados se dirigió hasta una construcción, que se consumía por las llamas, presuntamente ocasionadas por integrantes de la toma. Cara a cara, ambos grupos comenzaron a atacarse.

Los efectivos de Infantería dispararon todas las balas de goma que tenían y los okupas resistieron con palos, piedras y bombas molotov.

El predio fue un campo de batalla. El intercambio de proyectiles se extendió por más de 45 minutos. Fueron tantos los disparos que, mientras esperaban más balas, los uniformados devolvieron las pedradas que llovían desde los ocupantes ilegales.

En medio de nubes de gases lacrimógenos, la Infantería recibió apoyo de la Caballería, que a fuerza de latigazos buscó ahuyentar a un grupo de mujeres que respondían lanzando piedras, botellas y palos.

En tanto, policías sin uniforme derribaban las precarias casillas construidas con chapas, cañas huecas, plásticos y maderas.

Pero cayeron los primeros policías heridos, todos con golpes y cortes. En total fueron 8 los uniformados lesionados pero sólo Rafael Brandán permaneció internado en un sanatorio, por una lesión en el rostro.

En el contraataque final, los oficiales arremetieron por las calles del barrio Sitravi, en busca de los posibles responsables de las agresiones. Hubo 5 detenidos: 3 hombres, 1 mujer y 1 menor.

Según el acta policial a la que accedió el diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, "estos grupos que ocupan en forma ilegal el predio le dijeron a los funcionarios del Poder Judicial que respondían a la diputada nacional Stella Maris Córdoba, en tanto otros decían pertenecer a la legisladora provincial Carolina Vargas Aignasse y a la legisladora Mirta Gutiérrez, y que ellos les habían prometido solucionar su problema habitacional".

Los sin techo también señalaron a Joaquín Gálvez, hermano del denunciante Ramón Gálvez, como responsable de la ocupación.

En Jujuy

El senador nacional Jujuy-UCR, Gerardo Morales, reclamó a Cristina Fernández un “comité de crisis” en la provincia y pidió que el gobernador Walter Barrionuevo, quien lo llamó “mentiroso”, dé “un paso al costado” ya que el PJ “está repartiendo lotes como si fueran caramelos”.

La polémica se produjo en el marco de las tomas de predios que persisten en la provincia tras el desalojo violento de un terreno en Libertador General San Martín el 28 de julio, que terminó con 4 muertes y más de 60 heridos.

Morales dijo que envió una carta documento a la presidenta Cristina Fernández para que “disponga de manera urgente la constitución de un comité de crisis en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior”.

El gobernador jujeño, en tanto, dijo que en la provincia “no se están regalando lotes, sino que se está llevando a cabo un relevamiento de las familias que realmente tienen necesidad de ello”.

En un comunicado, además, la administración del gobernador kirchnerista Walter Barrionuevo advirtió que actuará contra las personas que “ocupen predios, terrenos, casas y complejo habitacionales y persistan en su accionar. Todo aquel que ilegalmente se encuentre instalado en terrenos o viviendas deberá desocuparlos en el plazo de 24 horas (con la amenaza de usar la fuerza pública), so pena de quedar excluido definitivamente de la posibilidad de lograr los beneficios de un lote o una casa propia a partir de los planes y programas que el Gobierno tiene o pondrá en vigencia”.

Problema

En diálogo con Radio Salta, el líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, estimó en 3 millones las viviendas que faltan en la Argentina.

Por ese motivo, la decisión de la Legislatura jujeña de expropiar 40 hectáreas de tierra para ceder a las personas sin techo estuvo lejos de minimizar el problema. Es más, lo acrecentó.

Es que la gente percibió a esa medida como un vía libre para lanzarse a las tierras privadas y ver si consiguen lo que legalmente no estaban alcanzado.

No es casualidad que en Salta y Tucumán hayan ocurrido ocupaciones ilegales luego de la expropiación de tierras en Jujuy.

En Salta, hubo un intento de ocupación en el barrio Grand Bourg, y el viernes 05/08 en la localidad de Rosario de Lerma, donde un grupo de personas quiso apoderarse de un predio en el que se están construyendo viviendas.

“Si los de Ledesma pudieron, nosotros también”, decían algunas personas que quisieron ocupar tierras en el Grand Bourg.

A diferencia de lo sucedido en Jujuy, la Policía logró impedir la ocupación ilegal sin mayores incidentes.

'Efecto Ledesma'

En el Norte se habla del “efecto Ledesma”: si el Gobierno jujeño expropió tierras para distribuir entre la gente, varias personas que no tienen problemas de viviendas -en especial las llegadas de Bolivia- aprovecharon la situación para intentar obtener algún rédito.

Pero la expropiación de tierras en Jujuy parece una iniciativa tan insuficiente como electoralista. La ausencia de planes de vivienda y urbanización (redes de agua potable y cloacas, tendidos de red eléctrica legal, etc.) en todo el NOA es una de las principales causas de los ocupaciones que hoy recrudecen.

Gerardo Morales anunció que la UCR se retira de la Comisión Investigadora de la Legislatura y que los diputados de su partido no apoyarán el plan de entrega de tierras anunciado por el Gobierno.

En una conferencia de prensa, pidió a los usurpadores que se retiren de los lugares tomados y destacó que el anunciado plan de entrega de lotes “es una irresponsabilidad” que pone “todas las tierras colindantes de cada ciudad sujetas a expropiación”.

Al mismo tiempo, advirtió que si el gobernador Walter Basilio Barrionuevo tenía que recurrir a la ayuda de la dirigente social Milagro Sala para pacificar la provincia, lo que debería hacer es “dar un paso al costado”.

También anunció el retiro de los legisladores radicales de la comisión investigadora creada para investigar los hechos de violencia ocurridosen Libertador San Martín.