Lo dispuso anoche Oyarbide y exigió documentación a las Madres; piden investigar a funcionarios. Urgentes movimientos en la justicia por este escándalo a nivel nacional.

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso anoche la prohibición de salida del país de Sergio y Pablo Schoklender y ordenó una serie de allanamientos para investigar el desvío de millones de pesos que el Estado había girado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Además, cerca de la medianoche intimó por escrito a la Fundación para que entregue todos los documentos vinculados con las obras, informó un funcionario que trabaja en el caso.

Oyarbide tomó estas medidas a pedido del fiscal federal Jorge Di Lello, que ayer a la tarde había presentado el requerimiento de instrucción que será la base de la causa penal.

En ese documento, individualizó como imputados a los Schoklender y a otras siete personas ligadas a la Fundación o a empresas que habrían sido utilizadas como "pantalla" para desviar dinero (desde anoche, sus autoridades no pueden salir del país). Pero, además, pidió que se investigara a los funcionarios que intervinieron en esta presunta estafa al Estado.

No nombró a ninguno, pero advirtió que este asunto podría exceder un caso de meros empleados infieles: dijo que el expediente debía alcanzar a los "funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales" que hayan participado "por comisión u omisión reprochable" en los hechos.

La causa penal avanza con un ritmo vertiginoso. El miércoles pasado, no existía siquiera una denuncia. Fue ese día cuando la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Gobierno, decidió remitir a la Justicia un expediente con documentos que tenía desde hace meses.

En menos de 24 horas, el fiscal antilavado, Raúl Pleé, analizó las pilas de papeles y radicó una denuncia penal contra Sergio Schoklender y su socio Alejandro Gotkin. Por sorteo, les tocó a Oyarbide y a Di Lello, que a las 15 de ayer ya había presentado su requerimiento.

En ese escrito, el fiscal le pidió al juez 22 medidas. Entre ellas, los allanamientos y las prohibiciones de salida del país dispuestas anoche.

Cerca de la medianoche, la Policía Federal fue con la orden judicial a cuatro domicilios, relacionados con las empresas de Schoklender. En Alvarez Thomas 198 funciona Meldorek, la constructora que hace las casas de las Madres y que esta semana se descubrió que pertenece a Schoklender.

Tienen domicilio ahí otras firmas, como Antártica Argentina, la principal sospechada de haber sido usada como pantalla para desviar dinero. También los policías tenían indicación de ir a Rosales 855, Ramos Mejía, otra sede de Meldorek y de dos compañías más. Otros operativos fueron en Guevara 1430, la casa de la ex mujer de Schoklender, y en donde funcionaba su estudio jurídico, en Tucumán al 1500.

En la sede de las Madres la policía iba a dejar una orden de presentación: hoy deben entregar la documentación requerida por el juez.

De acuerdo con el fiscal, hay pruebas de que Sergio Schoklender -como apoderado de la Fundación- y una serie de cómplices desviaron fondos provenientes del Estado Nacional: los transfirieron a Antártica y a otras sociedades, y dispusieron de ellos.

El fiscal no deslizó sospecha alguna sobre la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. De hecho, afirmó que los damnificados por los hechos que deben investigarse son "no sólo el Estado sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos".

Los delitos por investigar, de acuerdo con el requerimiento, son tres: fraude al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita.

La lista de los imputados incluye, además de los hermanos Schoklender, al piloto de Sergio, Gustavo Serventich; a Gotkin y su mujer, Marcela Zlotogorski; a Daniel Laurenti, Leonardo Hubscher y Marcelo Lewkowicz (todos ligados a las empresas de Schoklender y Gorlak) y a Alberto Marcelo García, que ofició de apoderado de la Fundación para operar una cuenta bancaria.

Di Lello también advirtió que existen sospechas sobre el precio de las construcciones realizadas por la Fundación y pidió que se verificara si es cierto que en Chaco hubo incumplimientos en las obras contratadas y se hicieron "construcciones precarias" en lugar de las convenidas.

Y quiere que se cite como testigo al director del Programa Federal de Viviendas, que depende del Ministerio de Planificación, y que se le requiera "toda la documentación" sobre las casas encomendadas a la Fundación.

Además, reclamó el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados y acceder a las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). En caso de que no hubiera auditado esas obras, le pidió al juez que la intimara a hacerlo en 45 días.

La mira sobre Planificación

LUIS BONTEMPO
Subsecretario de viviendas
Es un funcionario que viene de Santa Cruz y que integraba el círculo de confianza de Néstor Kirchner. Pero pese a que se encarga de todas las obras de viviendas financiadas por el Estado nacional, el proyecto de las Madres nunca estuvo bajo su órbita.

JOSE LOPEZ
Secretario de obras publicas
Hombre clave en el armado político del kirchnerismo, intentó despegarse desde un principio del escándalo por los bienes de Schoklender. Fue uno de los encargados de redactar el comunicado que sacó el ministerio en el que se dice que la responsabilidad de controlar es de las provincias.

JULIO DE VIDO
Ministro de Planificacion federal
Es el mandamás de la obra pública y las obras de las Madres de Plaza de Mayo son financiadas desde su cartera. En el Gobierno, sin embargo, dicen que siempre fue crítico de que se avanzara con un proyecto de ese tipo, en que se derivaba en una ONG la construcción de las viviendas.

ABEL FATAL
Subsecretario de obras públicas
Fue el principal impulsor del proyecto de las Madres. Hasta hace poco defendía en público enfáticamente el plan que manejaba Schoklender. Lo calificaba de "revolucionario". Ahora está en silencio y en su entorno dicen que su relación era sólo institucional.


Paz Rodríguez Niell
LA NACION