Los lamentables episodios de violencia que se suceden desde el martes en Villa Soldati son una muestra del retroceso institucional y de la dolorosa involución de la democracia argentina.

El parque Indoamericano y sus adyacencias proyectaron hasta anoche la imagen de una tierra de nadie, en la que arreciaban los enfrentamientos entre grupos armados, ante la insólita inacción oficial. El Estado, supuesto garante del orden público, brilló por su ausencia.

Pasó a un primer plano la indignación de los vecinos de la zona, en tanto rehenes de los atropellos y del pretexto oficial de que la protesta no puede criminalizarse, aunque dé lugar al caos.

Una vez más, frente al más grave problema que, al menos en el área metropolitana, percibe la opinión pública, como la inseguridad, la población quedó atrapada por las diferencias entre el gobierno nacional y las autoridades porteñas y por la falta de una política de Estado.

Los funcionarios de Cristina Kirchner estuvieron ayer más preocupados por enrostrarle a Mauricio Macri su presunta "xenofobia" tras las críticas del jefe de la ciudad a las políticas migratorias, que por darle un corte a la grave situación que se vivía en el parque Indoamericano. El gobierno porteño, por su lado, denotaba impotencia.

Pero si operadores del kirchnerismo imaginan que los sucesos de Soldati le ocasionarán un enorme costo político a Macri y no rozarán al gobierno nacional, es muy probable que se equivoquen de cabo a rabo.

Es imposible para las autoridades nacionales eludir su responsabilidad en el trasfondo de los episodios de violencia vividos en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

La falta de soluciones para mitigar el creciente déficit habitacional exhibe culpas compartidas de la Casa Rosada y del Palacio Municipal. Pero hay un dato que no debería dejar dormir a más de un funcionario kirchnerista: la inflación ha llegado con fuerza a los rincones más pobres del área metropolitana.

A tal punto que una casilla en una villa de emergencia por la que hasta hace poco se pedían 500 pesos de alquiler hoy cuesta 1000 pesos, según testimonios recogidos en los asentamientos de Soldati y el bajo Flores.

Todo un baño de realidad para el ministro de Economía, Amado Boudou, quien semanas atrás afirmó que la "tensión inflacionaria" era apenas un problema de los sectores altos de la sociedad.

La palabra de los innumerables vecinos del Sur que dieron su versión de los hechos a los medios de comunicación en las últimas horas, también puso de manifiesto que el problema de la inseguridad no reconoce clases sociales, pero que son los pobres quienes tienen mucho más que perder, empezando por su vida.

Quedó de manifiesto, además, que la droga se pasea por estos rincones como si nada, casualmente a pocos días de que los documentos reservados de la embajada estadounidense subrayaran la "falta de voluntad" del gobierno kirchnerista para enfrentar con determinación el lavado de dinero y destacaran el progresivo crecimiento del narcotráfico.

Finalmente, quedó en evidencia cómo en el sur de la ciudad, al igual que en otros sitios de la Argentina, la manipulación de las necesidades de los sectores más desprotegidos y pauperizados de la población, puede terminar favoreciendo la acción de grupos tan extorsivos como violentos.

Grupos semejantes a los que, más de una vez, utilizó el oficialismo kirchnerista como fuerza de choque para amedrentar a sus opositores o presionar a empresas que no aceptaban sus particulares códigos.