Las denuncias que realizó Sonia López, representante de Madres Contra el Paco, en un medio nacional movilizó a toda la opinión pública. El ministro de Gobierno, Gustavo Valdés, fue el primero en manifestar que “se está investigando y se está haciendo un relevamiento con las áreas de Salud, de Educación y Trabajo para cruzar datos”.

Turismo sexual: prometen investigar y miran a la Policía.
El Ministro de Gobierno dijo que buscan constatar la veracidad de los hechos.

La Justicia actuará de oficio y el fiscal Nuñez Huel citará a declarar a la denunciante para que aporte datos a la causa.

Las denuncias sobre turismo sexual en pueblos del interior correntino que realizó Sonia López, representante de Madres Contra el Paco, en un medio nacional movilizó a toda la opinión pública.

El ministro de Gobierno, Gustavo Valdés, fue el primero en manifestar que “se está investigando y se está haciendo un relevamiento con las áreas de Salud, de Educación y Trabajo para cruzar datos”.

El miércoles López, una madre que viene insistiendo con la atención hacia los chicos en materia de drogadicción contó la realidad vivida con niñas y jóvenes en pueblos como Santa Rosa, Santa Ana e Itatí; donde, según ella, “ya no se habla más de turismo religioso sino de turismo sexual y las afectadas son niñas”.

Sus declaraciones fueron respondidas por el intendente municipal Juan José Encinas, quien pidió mediáticamente a la mujer que “modere un poco su lenguaje”. Sin negar que existe esa realidad el jefe municipal dijo que “se exagera el contexto”.

Ayer Valdés dijo a “época” que se está trabajando en el lugar con gente de las fuerzas especializadas en la trata de personas pero que “si bien existe sólo una denuncia mediática se tomó contacto con la Fiscalía de la Provincia y tomará estado nacional”.

“Al enterarme de la noticia por los medios, de inmediato he tomado cartas en el asunto convocando al Jefe de Comisaría, el Jefe de Área Interior, a gente relacionada con la investigación al tráfico y vamos a investigar profundamente esos dichos, lamentablemente son presunciones que pusieron en primer lugar como epicentro a Santa Rosa, con posterioridad ya estamos hablando también de barrios de Capital, de Santa Ana”, afirmó el Ministro.

El caso es que dos personas deberían aportar datos a esta investigación. Ramón Vallejos, actual comisario de Santa Rosa y Bruno Mesa, quien fuera comisario luego de la causa de Ramiro, hecho que marcó un antes y un después en un apacible pueblo del interior correntino (ver aparte).

Según el funcionario, la denuncia hecha por esta mujer es muy grave. “Ya hemos hablado con funcionarios de la Subsecretaria de Trabajo y nos adelantaron que de las inspecciones realizadas en los aserraderos no se detectó explotación infantil, como aseveró López, lo que no quiere decir que no exista, sólo que no se detectó”.

Santa Rosa es un pequeño poblado a 153 kilómetros de la capital correntina en la que la principal fuente de ingreso son los aserraderos y la floricultura.

Según López: “En el lugar existe el 50 por ciento de mano de obra infantil para la floricultura. La explicación que dan los dueños de los campos es que por ser pequeños es más delicado el contacto para la recolección de pimpollos.

En los aserraderos, los chicos ganan más que los padres, por eso dicen que no pueden con los hijos porque les pagan la luz, el agua y el cable”. Y, por supuesto pueden solventarse otros gastos.

La muerte de Ramiro, un antes y un después en la historia del pueblo

El 30 de septiembre pasado después de más de 10 días de ausentarse de su casa apareció muerto Ramiro Acevedo.

Uno de sus “amigos” confesó el hecho y la Policía mantenía la hipótesis de que se trataba de un “ajuste de cuentas” relacionado con el avance de la droga.

El 1 de octubre, mientras la comunidad de Santa Rosa marchaba pidiendo la aparición de Ramiro Acevedo, tras 11 días de que se fuera de su hogar, la Policía confirmaba que el único detenido confesó haberlo asesinado y enterrado en el patio trasero de su casa casi el mismo día en el que su familia lo vio por última vez.

La comunidad había denunciado, como lo sigue haciendo hoy, que “la droga ganó las calles del pequeño poblado, que a la vez creció notablemente en cantidad de habitantes, aunque no así en cantidad de policías”.

La peculiar saña con la que asesinaron a Ramiro Acevedo demostró que, quien lo atacó, tuvo un motivo tal que lo llevó a clavarle varias puñaladas en el cuello, tal como lo demostró la autopsia. Uno de los cuchillazos fue crucial, ya que determinó el fin de la joven víctima.

El arma blanca estaba envuelta en sábanas y con parte del carenado de la moto que le habían sacado a la víctima en la casa de su supuesto agresor.

El crimen desnudó un gravísimo flagelo; el de la droga. Pero además, dejó al descubierto una perversa trama de redes mafiosas internas en un pueblo que ha tenido un notable crecimiento económico, pero que no supera los 20 mil habitantes y que paradójicamente surgió a nivel nacional, no por su progreso, sino por el más horrible de los crímenes que recuerde la localidad.

Padres reclaman aceleramiento de pedidos de informe
Grecia y Antonio, dos padres desesperados por la quita de la patria potestad de sus hijos recién nacidos, solicitaron “la suspensión de los plazos de notificación y un urgimiento a que contesten los informes que su representante está pidiendo”, sin respuesta alguna.

La solicitud reside en que, desde el 7 de junio pasado, el abogado de ambos afectados, Hermindo González, incansablemente insiste en pedidos de respuestas sobre el expediente en cuestión. “Están desesperados para que les devuelvan sus hijos y ven que pasa el tiempo y cada vez ven más lejana la posibilidad de recuperarlos”, dijo a “época” el jurista al referirse a los padres que amenazan con encadenarse nuevamente frente al Juzgado si nadie responde sus solicitudes.

El 9 de junio, Antonio Ricardo Esquivel (27) , padre de Ezequiel quien, a los 15 días de nacer, fue alejado de su entorno familiar directo, y Grecia Belén Cabrera (18), a quien sacaron de sus manos al pequeño Benjamín, nacido en febrero de 2009 se encadenaron frente al Juzgado Nº2.

Hoy no dudan en volver a hacerlo ya que se sienten “despojados de su bien más preciado, sus hijos”.

Citaciones

En relación al llamado a prestar declaración a las familias adoptivas de los dos niños y al titular del Hogar Tía Amanda, Ricardo Rindell, el abogado de parte señaló que “no existen tiempos previstos para que esto suceda” pero dejó en claro que se realizará una investigación profunda en el Juzgado Nº2 a fin de establecer si existen irregularidades en las adopciones de chicos en Corrientes.

SAN MIGUEL: A 75 kilómetros el problema son los suicidios

A más de 70 kilómetros de Santa Rosa, en San Miguel, a diferencia del flagelo de las drogas, en el pueblo de la tradición y la artesanía el problema son los suicidios.

“Acá no es tan visible el tema de la droga, lo que no quiere decir que no se drogan los jóvenes”, dijo a “época” un poblador de la zona.

Desde hace aproximadamente dos años distintos organismos gubernamentales están trabajando para bajar el número de casos de personas que se quitan la vida. En promedio, en el poblado de cerca de 5 mil habitantes, en dos meses se suicidan cuatro personas.

Lo cierto es que todo aquel que quiere ganar plata va a trabajar a Santa Rosa.

“En los poblados de la zona si no hay fuentes de trabajo para los jóvenes van directamente a Santa Rosa porque seguro pueden conseguir un puesto en los aserraderos”, confirmó el mismo poblador.


Fuente: época -