El Gobierno de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA) también han abogado por la ley ante la sospecha de que en la zona de la Triple Frontera, que incluye la paraguaya Ciudad del Este, la brasileña Foz do Iguazú y la argentina Puerto Iguazú, existe "lavado de dinero" para financiar actos de terrorismo.

Paraguay puso en vigencia su ley contra el terrorismo, que condena ese delito con penas de hasta 30 años de prisión, luego de que el jefe de Estado, Fernando Lugo promulgara esa normativa, informaron fuentes oficiales.

El asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, confirmó este sábado 26 de Junio en una rueda de prensa, la promulgación de esa ley que "ubica a su país en el marco de convenios internacionales".

La ley que tipifica el terrorismo en el Código Penal Paraguayo había sido remitido al Poder Ejecutivo luego de que la Cámara de Diputados la aprobara el pasado 10 de junio, un mes después de que el Senado hiciera lo mismo.

Camacho destacó que la nueva ley "fundamentalmente persigue el lavado de dinero", y que establece una gradación de 5 a 15 años de cárcel para los que incurren en "asociación terrorista" o "financiación" de actos de esa naturaleza.

También estipula penas de prisión de 10 a 30 años para "aquellas personas que cometieran actos terroristas".

El asesor de Lugo también comentó que existen sectores que critican la nueva normativa y que la consideran como una posible "herramienta de persecución, sobre todo contra grupos sociales que son cuestionados", aunque no dio detalles de estos.

"Si se nota que hay una autorización perversa de esta potestad, y con ello se pretende perseguir los derechos humanos, el Poder Ejecutivo será el primero en presentar un proyecto de modificación o de derogación, si es necesario", agregó.

Algunos legisladores oficialistas habían advertido que la ley en cuestión podría convertirse en un "cheque en blanco" para que cualquier juez pueda interpretar que "hay algún deseo de generar violencia".

El Gobierno de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA) también han abogado por la ley ante la sospecha de que en la zona de la Triple Frontera, que incluye la paraguaya Ciudad del Este, la brasileña Foz do Iguazú y la argentina Puerto Iguazú y que alberga una importante comunidad de comerciantes árabes, operan personas que financian a grupos fundamentalistas islámicos.