Las empresas analizan cuándo aplicarlo. La publicación en el Boletín Oficial tuvo una particularidad: de los 41 artículos de la norma se aprobaron sólo tres, los dos que la pusieron en vigencia y el que permite recaudar unos $ 65 millones con el tributo. Se aplicará sobre los clientes con abono fijo.

Desde ayer el deporte olímpico tiene asegurada por ley una nueva forma de conseguir ingresos para financiarse durante los próximos años. Finalmente ayer se publicó en el Boletín Oficial la tan esperada reglamentación de la polémica ley 26.573, aprobada en el Senado el pasado 2 de diciembre, que grava con un impuesto del 1% al consumo de telefonía celular. La medida, que las empresas todavía no saben a partir de cuándo la aplicarán, vino con una precisión: impactará sobre aquellos que tienen abono fijo.

Lo insólito es que el Gobierno reglamentó sólo 3 de los 41 artículos que conforman la flamante ley: los dos primeros, que le dan vigencia a la norma, y el 39º, en el que se aclara que las “empresas deberán girar mensualmente a la cuenta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), en el Banco Nación”.

La normativa ideada por el dueño de Telecom y presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, gravará a los 16 millones de usuarios. Las cuatro operadoras de celulares en el país (Movistar, Personal, Nextel y Claro) aún están analizando cuándo implementarán la medida.

Según pudo averiguar Crítica de la Argentina, los abogados de esas firmas discutían anoche cuándo y cómo comunicarles “la noticia” a sus clientes. En la industria calcularon que este año se recaudarán alrededor de 65 millones de pesos. Con las donaciones de privados al COA la cifra puede ascender a unos 200 millones de pesos.

El impuesto recaerá sólo en quienes reciben factura. En el sector estimaron que el aporte promedio será de cuarenta centavos ($ 0,40) por cada factura de los 16 millones de usuarios que usan servicios postpagos.

El cálculo se hizo en base al consumo promedio, que es de 40 pesos por mes. Según datos del mercado, hay 46,5 millones de líneas habilitadas en el país, pero sólo el 35% (16 millones) paga un abono; el resto consume tarjetas prepagas. Las entidades que defienden a los consumidores desmintieron las estimaciones de las empresas y elevaron el nivel de consumo promedio mensual de comunicaciones móviles a 60 pesos.

A pesar del rechazo de las organizaciones de defensa del consumidor y de las cámaras del sector, el 2 de diciembre 55 senadores oficialistas y opositores respaldaron la ley. La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro votó en contra porque consideró que con esta normativa el empresario kirchnerista Werthein se convertirá en el principal cobrador y máximo beneficiario. Werthein es además el máximo responsable del Enard, el ente privado que él mismo creó para reunir el dinero y preside Telecom, dueña de Personal.

Repunte de las ventas en los súper

La venta por unidades en supermercados subió 11,9 por ciento en marzo con respecto del mismo mes del año pasado y se mantuvo estable respecto de febrero, según informó el INDEC. En tanto, los precios crecieron 1,33 por ciento con relación al mes anterior y 10,4 por ciento cotejando con marzo de 2009.

En el trimestre acumularon una suba de 4,2 por ciento. Este nivel de ventas provocó que la facturación alcanzara a 4.895,4 millones de pesos. Este monto es un 22,9 por ciento superior al que se obtuvo en marzo pasado y 9,2 por ciento con relación a febrero. Si se toma la facturación acumulada en el primer trimestre, los supermercados lograron una mejora de 22,8 por ciento.

Seis días de vuelos cancelados

El conflicto que afecta el servicio de Aerolíneas Argentinas y Austral llegó a sexto día. A lo largo del día se cancelaron 15 vuelos de ambas compañías y otros 15 presentaron demoras.

El viernes, los pilotos de Austral y los técnicos de APTA iniciaron un “quite de colaboración” en rechazo a la designación de Guillermo Ballesteros, gerente de las dos compañías aéreas. Hoy seguirán las medidas pero en menor escala a la espera de una negociación entre el Gobierno y los gremios.

Fuente: Crítica -