El Gobierno celebró que se eleve la causa por la suspensión de la ley de medios a la Corte. Varios funcionarios se mostraron en favor de la medida que tomó la Cámara Federal de Mendoza de conceder un recurso extraordinario presentado por el Estado contra el fallo que había confirmado el freno a la aplicación de la norma.

El Gobierno manifestó su "satisfacción" por la decisión de la Cámara Federal de Mendoza de elevar a la Corte Suprema de Justicia la causa por la suspensión de la ley de medios.

Quienes hablaron luego de la decisión del tribunal mendocino fueron el presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Gabriel Mariotto; el ministro de Educación, Alberto Sileoni; y el Coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Luis Lázaro.

Para el primero, "era descabellado que una jueza impidiera la aplicación de una ley de la democracia". Y se mostró "satisfecho y entusiasmado de que esto sea sea abordado ahora por la Corte Suprema", al sostener que el máximo tribunal "seguramente lo va a abordar rápidamente". Además, completó: "Esta es una Corte independiente que, sin presiones, va a poder fallar".

En tanto, para Sileoni:"Cuestionar la libertad de expresión en este gobierno es algo que no se corresponde con la realidad, porque en nuestro país hay actualmente plenísima libertad de expresión, no hay censura". El ministro se alineó con el discurso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA).

En tanto, Lázaro indicó en declaraciones televisivas: "El tribunal consideró que el caso llegue a la Corte Suprema. El pasado 15 de abril hubo una manifestación para que la justicia restituya la herramienta comunicacional. Hemos visto que es un reclamo de la sociedad para que se implemente la ley".

Asimismo, Lázaro consideró: "Hay empresas que defienden sus intereses. Creo que la corporación mediática tiene intereses políticos y comerciales. No creo que estemos en una división social. La gente está respaldando la ley de servicios audiovisuales".

Con esas palabras, los funcionarios se refirieron a la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra el fallo del mismo tribunal que, en marzo último, confirmó la medida cautelar. En ese escrito, dispuso la suspensión de la aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales.

En este sentido, Mariotto destacó sobre la suspensión: "Los fallos de Mendoza que suspendieron la aplicación de la ley se dieron en un contexto de imperio del monopolio".

El tribunal mendocino declaró admisible el recurso federal. Al respecto, dijo que del examen de la presentación surge que se han cumplido con todos los recaudos formales que hacen a la admisibilidad formal del recurso intentado.

Antecedentes. La Cámara de Mendoza había ratificado una medida de la jueza Olga Pura de Arrabal, al considerar que aparecían "vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de sanción de la ley, en octubre pasado. Le dio la razón a un planteo del diputado nacional por el peronismo disidente Enrique Thomas.

Según la Cámara, su medida no está vinculada con el fondo de la cuestión, que es el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley.

Por lo tanto, igual que la sentencia que había dictado anteriormente la jueza Arrabal, no cuestiona los artículos de la ley que generaron más controversia, como por ejemplo el plazo perentorio de desinversión de un año para que los grupos de medios vendan los canales y radios.

Lo que cuestionan los jueces son vicios en el origen de la ley, en el momento de su sanción. El tribunal señala que el diputado Thomas estuvo legitimado para demandar porque los diputados estuvieron imposibilitados de actuar en el Congreso en defensa de los representados que los eligieron.

"Se cercenó el ejercicio efectivo de su función parlamentaria con procedimientos irregulares", dice el texto. Se señala que los diputados tuvieron que expedirse en el recinto sin haber tenido tiempo para estudiar el proyecto, de más de 160 artículos.